¿LOCE O NO LO SE?
Estas últimas semanas dos son los temas que han intentado, con exiguo éxito, romper el monopolio que ostenta en el debate público –capitalino- el Transantiago. Uno de ellos es la presentación, por parte de la presidenta, del proyecto que establece una nueva Ley General de Educación. El otro, las propuestas del ejecutivo para reformar, en forma escueta y calculada, el sistema electoral chileno.
Estas iniciativas, uno imagina, responden a la necesidad de ajustar la formalidad normativa a imagen y semejanza de un molde ideal, que facilite y guíe el transito de la sociedad hacia un estadio de desarrollo superior, en el que todos los que somos parte de este pacto implícito tengamos realmente las mismas posibilidades de acceso, desde el primer momento, tanto a una buena educación, como a una real democracia, entendida en un sentido amplio, donde junto a lo político se entrecruza lo económico y cultural.
Iluso yo al pensar que las discusiones posteriores a la presentación de los proyectos girarían entorno, justamente, a cual creemos que es el mejor “molde ideal”, cual es esa “sociedad democrática” que las normas nos deben ayudar a construir. En fin, las preguntas de fondo que le dan un sentido y orientación a un proyecto determinado y que permiten soñar y ser participes de un relato transformador de la realidad.
Si bien el proyecto de Ley General de Educación, presentado a inicios de la segunda semana de abril en el Congreso de la República, contiene ciertos elementos que podríamos identificar y relacionar con el ideario “progresista” de algunos grupos al interior de la Concertación -me refiero principalmente a los puntos donde se habla de la eliminación del derecho de los establecimientos educativos a seleccionar a sus alumnos y de aquel donde se establece que los sostenedores se organicen como personas jurídicas sin fines de lucro- parece bastante confuso, por decir lo menos, que el debate se centre en los aspectos técnicos y se dejen de lado las consideraciones ideológicas, cuando resulta obvio que lo que está en juego son distintas visiones de lo que es y debe ser la vida en sociedad.
Al parecer hay consenso en que la relación entre calidad y lucro o lucro y calidad es acausal. La experiencia en estos años nos “demuestra” –dicen de uno y otro lado- que ni el lucro engendra calidad, ni la calidad deviene en mayor lucro. Por tanto –creo yo- hablar en estos términos es pura retórica inconducente. Por el contrario, donde no hay consenso es en lo que se sostiene en el texto enviado al parlamento: “La educación es un bien público, en caso alguno puede ser un negocio”. Lo curioso es que nadie da un peso por esta afirmación, nadie da la cara, es letra muerta en un papel, una linda declaración de principios, es, todo hace indicar, una batalla perdida antes siquiera de vestir el uniforme de combate –aquel que yace apolillado en lo más recóndito de la alienada identidad concertacionista-.
Ante esto surgen varias preguntas relacionadas, por ejemplo, al porqué del temor a enfrentar ciertos temas y decir las cosas por su nombre. Resulta claro que la política del consenso y de “en la medida de lo posible”, fueron funcionales al transito democrático, en un momento histórico en que los poderes fácticos se atribuían el rol tutelar de la renacida democracia. Ahora, cuando la democracia se libró del tutor y todo hace pensar que goza de buena salud, es incomprensible que dichas políticas se mantengan, a menos que sean funcionales a otros propósitos ¿Cuáles serán? ■
